El pasado 27 de enero el gobierno de España ha actuado de nuevo contra las energías renovables, eliminando de un plumazo el régimen especial, que favorecía el desarrollo de las energías limpias y la cogeneración.
Con esta decisión unilateral se acaba de golpe con la ilusión de cientos de miles de ciudadanos preocupados por el medio ambiente y se pone gravemente en peligro el futuro de decenas de miles de puestos de trabajo del sector renovable.
A los continuos recortes y restricciones impuestos en su última legislatura por el finiquitado gobierno del PSOE, a través del anterior ministro de industria Miguel Sebastián, el nuevo gobierno del PP ha rematado la labor mediante este hachazo legislativo definitivo, que hunde todas las esperanzas del sector renovable, esta vez de la mano de su nuevo ministro de industria: José Manuel Soria.
A partir de ahora se declara una moratoria indefinida de dicho régimen especial, lo cual implica que en el futuro se dará el mismo trato a las energías limpias que a las sucias. Se va a pagar lo mismo por un kWh obtenido mediante energía nuclear o quemando carbón que por un kWh renovable: fotovoltaico, termo-solar, eólico o de biomasa.
Al mismo tiempo se sigue negando a los ciudadanos y empresas españolas la posibilidad de auto-consumir energía renovable en un régimen que haga viable dicha posibilidad: el balance neto.
España, país que hasta hace muy poco fue líder en la adopción de energías renovables, renuncia así a sus beneficios cediendo a la presión del lobby eléctrico. El interés de unos pocos, defendido mediante potentes herramientas de presión y propaganda, se ha impuesto de esta forma al interés general.
El gobierno de España ha legislado en contra de los intereses del país, de su independencia energética, de la modernización y sostenibilidad del sistema eléctrico, del desarrollo de la avanzada industria renovable española y del derecho de los ciudadanos a consumir energía limpia y económica. Se destruyen decenas de miles de puestos de trabajo, se incentiva el uso de fuentes de energía sucias, no renovables, que merman nuestra independencia energética: uranio, petróleo, gas natural y carbón en contra de viento y sol. Fuga de divisas y grandes beneficios monopolísticos en contra de generación de empleo y sostenibilidad económica y energética para todos. Las eléctricas mejoran sus cuentas de resultados cada año, mientras el resto de los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas se hunden progresivamente en la miseria.
El oligopolio eléctrico ha conseguido una gran victoria. Las energías renovables, por su carácter distribuido y democrático, ponían en peligro su modelo centralizado de negocio. Y es en particular la ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, que ya ha alcanzado costes de producción que la hacen atractiva para el consumidor como alternativa ecológica y de ahorro, la que pone más en peligro el poder centralizado de las grandes compañías eléctricas y gasistas.
Mientras en Alemania, Bélgica o el Reino Unido son cada vez más los consumidores que disfrutan de instalaciones solares, aquí se niega a los ciudadanos y a las empresas dicho derecho, dando para ello razones espúreas.
En España, el país más soleado de Europa con diferencia, a algunos les gustaría apagar el sol.
Los ciudadanos de buena voluntad no debemos permitirlo.
Con esta decisión unilateral se acaba de golpe con la ilusión de cientos de miles de ciudadanos preocupados por el medio ambiente y se pone gravemente en peligro el futuro de decenas de miles de puestos de trabajo del sector renovable.
A los continuos recortes y restricciones impuestos en su última legislatura por el finiquitado gobierno del PSOE, a través del anterior ministro de industria Miguel Sebastián, el nuevo gobierno del PP ha rematado la labor mediante este hachazo legislativo definitivo, que hunde todas las esperanzas del sector renovable, esta vez de la mano de su nuevo ministro de industria: José Manuel Soria.
A partir de ahora se declara una moratoria indefinida de dicho régimen especial, lo cual implica que en el futuro se dará el mismo trato a las energías limpias que a las sucias. Se va a pagar lo mismo por un kWh obtenido mediante energía nuclear o quemando carbón que por un kWh renovable: fotovoltaico, termo-solar, eólico o de biomasa.
Al mismo tiempo se sigue negando a los ciudadanos y empresas españolas la posibilidad de auto-consumir energía renovable en un régimen que haga viable dicha posibilidad: el balance neto.
España, país que hasta hace muy poco fue líder en la adopción de energías renovables, renuncia así a sus beneficios cediendo a la presión del lobby eléctrico. El interés de unos pocos, defendido mediante potentes herramientas de presión y propaganda, se ha impuesto de esta forma al interés general.
El gobierno de España ha legislado en contra de los intereses del país, de su independencia energética, de la modernización y sostenibilidad del sistema eléctrico, del desarrollo de la avanzada industria renovable española y del derecho de los ciudadanos a consumir energía limpia y económica. Se destruyen decenas de miles de puestos de trabajo, se incentiva el uso de fuentes de energía sucias, no renovables, que merman nuestra independencia energética: uranio, petróleo, gas natural y carbón en contra de viento y sol. Fuga de divisas y grandes beneficios monopolísticos en contra de generación de empleo y sostenibilidad económica y energética para todos. Las eléctricas mejoran sus cuentas de resultados cada año, mientras el resto de los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas se hunden progresivamente en la miseria.
El oligopolio eléctrico ha conseguido una gran victoria. Las energías renovables, por su carácter distribuido y democrático, ponían en peligro su modelo centralizado de negocio. Y es en particular la ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, que ya ha alcanzado costes de producción que la hacen atractiva para el consumidor como alternativa ecológica y de ahorro, la que pone más en peligro el poder centralizado de las grandes compañías eléctricas y gasistas.
Mientras en Alemania, Bélgica o el Reino Unido son cada vez más los consumidores que disfrutan de instalaciones solares, aquí se niega a los ciudadanos y a las empresas dicho derecho, dando para ello razones espúreas.
En España, el país más soleado de Europa con diferencia, a algunos les gustaría apagar el sol.
Los ciudadanos de buena voluntad no debemos permitirlo.
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Bueno pues parece ser que al final no fue para nada.
Déjame tu opinión. Muchas gracias y hasta la próxima.